COMUNICADO: Un nuevo adolescente muerto en un Instituto de Menores de la SENAF

La Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires manifiesta su repudio y condena frente a la impunidad e indolencia que se reitera con una  nueva muerte violenta de un adolescente privado de libertad en un centro penal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

El día viernes 24 de julio de 2015 por la noche se incendió la celda 5 del pabellón 2 del Centro Cerrado Manuel Rocca, produciéndose la muerte de Lucas Simone y generándose graves heridas en otro joven con quien compartían celda, quien permanece internado con el 40% de su cuerpo quemado y una delicada situación respiratoria.

Transcurrieron tan sólo 7 meses desde la muerte del joven Diego Borjas, de 17 años, en el Instituto Agote, también dependiente de la SENAF. Las circunstancias en las que Borjas encontró la muerte guardan estrecha similitud con las producidas en el caso de Lucas, las que también en el presente caso le provocaron la muerte.

En estos casos, la Justicia opera construyendo impunidad: no hay responsables penales entre los funcionarios que no han garantizado la pronta asistencia frente a un incendio y previamente las condiciones adecuadas de detención. La impunidad es patrimonio tanto de los funcionarios  mediatos, como de aquellos de orden jerárquico. Las causas judiciales se inician por el incendio, con una denotada impronta de persecución penal orientada a imputar como autores única y exclusivamente a quienes son víctimas de las degradantes condiciones de detención, sobreseídas tan sólo por su muerte.

Los incendios en los “institutos de menores” son hechos recurrentes de pleno conocimiento de las autoridades a cargo de estos centros, y se ven  agravados por la lógica del encierro extremo que organiza la vida en estas instituciones, convirtiendo los calabozos en espacios de muerte.

Lxs Trabajadores Organizadxs de la SENAF en un comunicado del 25/7/15 también responsabilizan a las autoridades de dicha Secretaría denunciando las nefastas condiciones organizativas y de alojamiento de los jóvenes, en ese mismo sentido también se pronunció el Consejo Profesional de Trabajo Social de la CABA y la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre otros.

Con esta nueva muerte, la SENAF se muestra imposibilitada de garantizar la vida de los jóvenes y de organizar medidas preventivas sobre estos hechos recurrentes, que son muchos más que aquellos que por su saldo letal, adquieren trascendencia pública. Situación análoga se encuentra en la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, donde se suicidaron recientemente dos adolescentes en dos centros cerrados a su cargo (Pablo Nogués y Almafuerte), con una diferencia de 20 días entre ambos. Allí tampoco hay responsable alguno que haya sido siquiera imputado por estos hechos de extrema gravedad.

Las instituciones penales de encierro gobiernan los cuerpos desde el elástico concepto de la seguridad y bajo la premisa de la peligrosidad. Las condiciones de infraestructura y la inoperancia e impunidad de las autoridades de los órganos del nivel nacional y provincial en materia de niñez y adolescencia demuestran, una vez más, la grave situación de violación a los derechos humanos que atraviesan los jóvenes en el sistema penal, así como la ausencia de identificación y sanción de los responsables de los jóvenes bajo custodia estatal frente a este tipo de hechos.

La exigencia de justicia y responsabilidades institucionales continúa sin respuesta, agravada por un contexto donde la letalidad de la violencia estatal sigue sumando víctimas.   

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