COMUNICADO
Ante la promulgación del decreto Decreto 683/2018 en el día de la fecha para habilitar a las Fuerzas Armadas a que intervengan en asuntos de Seguridad Interior, las cátedras de derechos humanos de la Universidad de Buenos Aires, con el acompañamiento de las organizaciones firmantes, queremos denunciar la gravedad de que una tal medida se lleve a cabo.
Una de las lecciones más terribles de la última dictadura cívico-militar consistió en visibilizar las masivas vulneraciones de derechos humanos producidas cuando se involucra a los ejércitos en la represión de su propia población tras la figura del enemigo interno.
En este sentido, el Informe Rattenbach denunció que, uno de los motivos centrales del mal desempeño de las mismas durante el conflicto de Malvinas, se vinculó con el proceso de desprofesionalización producido por el adoctrinamiento en contrainsurgencia, perdiendo capacidad y destreza para llevar a cabo su función específica, es decir, la protección de la soberanía frente a las amenazas estatales externas.
Atendiendo a estas cuestiones, uno de los pactos vitales de la sociedad política argentina ha sido la separación taxativa de las funciones de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad y la limitación de la autonomía del poder militar, así como su re-institucionalización en clave democrática. Así lo dejaron sentenciado las Leyes de Defensa Nacional Nº 23554 (1988) y de Seguridad Interior Nº 24059 (1992) y el decreto Nº 727 (2006) que ratificó ese mismo espíritu, en sintonía con las demandas de los organismos de derechos humanos.
El Gobierno encabezado por la Alianza Cambiemos (2015-actualidad) no sólo da por tierra con este compromiso alcanzado desde hace más de 35 años en Argentina; sino que además inscribe la política de defensa local en la doctrina elaboradas por Washington y socializada por agencias imperiales como el Comando Sur de los Estados Unidos de América, una especie de retorno a las “relaciones carnales” bajo el paradigma de las “nuevas amenazas” o “contraterrorista” preventivo selectivo neocolonial. En esta misma línea de pensamiento y de acción, se multiplican las visitas y reuniones mantenidas entre funcionarios estadounidenses (tal el caso del General Chinn de la división del Ejército del Comando Sur), miembros del FBI (como el caso de Paul Bingham, responsable del FBI en Argentina) y funcionarios argentinos, solo por mencionar un ejemplo, en febrero del año pasado, la Ministra Patricia Bullrich viajó al país del norte y acordó la instalación de una oficina de la DEA en Misiones, en la Triple Frontera, para el presunto combate contra el narcotráfico.
Asimismo, recientemente se han firmado varios convenios en materia de ciberseguridad y los militares argentinos han vuelto a participar de los llamados ejercicios conjuntos organizados por el Comando Sur. Tanto en términos de Defensa como de Seguridad, se observa que está primando la agenda propuesta por agencias extranjeras y, en este alineamiento, se inscriben las operaciones emprendidas desde el Ministerio de Seguridad y desde medios hegemónicos y redes sociales orientadas a instalar en la subjetividad poblacional la asociación de la figura del “terrorista” ligadas a la capacidad de organización y movilización político-social. Solo por mencionar un ejemplo, la imagen del “Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)” como una peligrosa “amenaza al orden” de la cual, al momento, no se ha presentado evidencia fehaciente de su existencia.
Este viraje estratégico implica un abandono de la potestad del Estado nacional argentino para establecer políticas soberanas, habilitando únicamente respuestas represivas a la gestión de los conflictos en detrimento de las estrategias alternativas de resolución de los mismos.
Así se imponen escenarios bélicos símiles a los casos de México y de Colombia, donde la militarización de la seguridad interior ha provocado una ola de violaciones masivas a los derechos humanos naturalizando el uso de nuevas tecnologías del terror.
Por ende, realizamos un llamado a toda la ciudadanía para resistir estas modalidades de imposición de Estados de Excepción, manifestándonos por el respeto de los aprendizajes y consensos vigentes hasta el día de hoy que tantas vidas y luchas costaron a nuestro pueblo.
Una de las lecciones más terribles de la última dictadura cívico-militar consistió en visibilizar las masivas vulneraciones de derechos humanos producidas cuando se involucra a los ejércitos en la represión de su propia población tras la figura del enemigo interno.
En este sentido, el Informe Rattenbach denunció que, uno de los motivos centrales del mal desempeño de las mismas durante el conflicto de Malvinas, se vinculó con el proceso de desprofesionalización producido por el adoctrinamiento en contrainsurgencia, perdiendo capacidad y destreza para llevar a cabo su función específica, es decir, la protección de la soberanía frente a las amenazas estatales externas.
Atendiendo a estas cuestiones, uno de los pactos vitales de la sociedad política argentina ha sido la separación taxativa de las funciones de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad y la limitación de la autonomía del poder militar, así como su re-institucionalización en clave democrática. Así lo dejaron sentenciado las Leyes de Defensa Nacional Nº 23554 (1988) y de Seguridad Interior Nº 24059 (1992) y el decreto Nº 727 (2006) que ratificó ese mismo espíritu, en sintonía con las demandas de los organismos de derechos humanos.
El Gobierno encabezado por la Alianza Cambiemos (2015-actualidad) no sólo da por tierra con este compromiso alcanzado desde hace más de 35 años en Argentina; sino que además inscribe la política de defensa local en la doctrina elaboradas por Washington y socializada por agencias imperiales como el Comando Sur de los Estados Unidos de América, una especie de retorno a las “relaciones carnales” bajo el paradigma de las “nuevas amenazas” o “contraterrorista” preventivo selectivo neocolonial. En esta misma línea de pensamiento y de acción, se multiplican las visitas y reuniones mantenidas entre funcionarios estadounidenses (tal el caso del General Chinn de la división del Ejército del Comando Sur), miembros del FBI (como el caso de Paul Bingham, responsable del FBI en Argentina) y funcionarios argentinos, solo por mencionar un ejemplo, en febrero del año pasado, la Ministra Patricia Bullrich viajó al país del norte y acordó la instalación de una oficina de la DEA en Misiones, en la Triple Frontera, para el presunto combate contra el narcotráfico.
Asimismo, recientemente se han firmado varios convenios en materia de ciberseguridad y los militares argentinos han vuelto a participar de los llamados ejercicios conjuntos organizados por el Comando Sur. Tanto en términos de Defensa como de Seguridad, se observa que está primando la agenda propuesta por agencias extranjeras y, en este alineamiento, se inscriben las operaciones emprendidas desde el Ministerio de Seguridad y desde medios hegemónicos y redes sociales orientadas a instalar en la subjetividad poblacional la asociación de la figura del “terrorista” ligadas a la capacidad de organización y movilización político-social. Solo por mencionar un ejemplo, la imagen del “Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)” como una peligrosa “amenaza al orden” de la cual, al momento, no se ha presentado evidencia fehaciente de su existencia.
Este viraje estratégico implica un abandono de la potestad del Estado nacional argentino para establecer políticas soberanas, habilitando únicamente respuestas represivas a la gestión de los conflictos en detrimento de las estrategias alternativas de resolución de los mismos.
Así se imponen escenarios bélicos símiles a los casos de México y de Colombia, donde la militarización de la seguridad interior ha provocado una ola de violaciones masivas a los derechos humanos naturalizando el uso de nuevas tecnologías del terror.
Por ende, realizamos un llamado a toda la ciudadanía para resistir estas modalidades de imposición de Estados de Excepción, manifestándonos por el respeto de los aprendizajes y consensos vigentes hasta el día de hoy que tantas vidas y luchas costaron a nuestro pueblo.
Convocamos el jueves 26 de julio a las 17 hs.
a manifestarse frente al Ministerio de Defensa (Azopardo 250)
bajo el lema "Fuerzas Armadas represivas Nunca Mas"
a manifestarse frente al Ministerio de Defensa (Azopardo 250)
bajo el lema "Fuerzas Armadas represivas Nunca Mas"
-Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA-Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA-Cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA-Cátedra Poder Económico y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA-Instituto Espacio para la Memoria-Grupo de estudio sobre Defensa, Seguridad y Derechos Humanos de la UBA
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