La Cátedra Libre de Derechos Humanos repudia el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, otorgándole el beneficio del “2 x 1” al condenado Luis Muiña, uno de los integrantes de grupo represivo “Swat”. 

Como parte del plan sistemático de exterminio impuestopor la dictadura cívico-militar que usurpó el poder del Estado, el Hospital Posadas –establecimiento que desde comienzos de los 70 era modelo por el compromiso de sus trabajadores con la salud pública, en particular de la población más pobre de la zona oeste del Gran Buenos Aires- pasó a integrar la red criminal de centros clandestinos de detención, tortura, desaparición y muerte que cubrió todo nuestro país. El ahora beneficiado por la Corte, Luis Muiña, integró el grupo de tareas que sembró el terror en el Posadas, y fue condenado por su participación en secuestros y torturas perpetrados contra los trabajadores del Hospital.

En consonancia con otras decisiones tomadas por la Corte en los últimos tiempos –la prisión domiciliaria para el militar Felipe Alespeiti, condenado en la causa Cóndor, el negarle validez al fallo de la Corte Interamericana de DDHH, entre otros ejemplos-, este tribunal dispone una amnistía encubierta que sigue los lineamientos del actual gobierno encabezado por Macri. No solo apunta a garantizar la impunidad de los genocidas de la dictadura, sino que pretende desmontar lo que el pueblo argentino ha venido construyendo a lo largo de años en pos de hacer del respeto y la vigencia de todos los derechos humanos un paradigma, que remite tanto a juzgar y condenar los crímenes dictatoriales como a hacer frente a la violencia estatal que se está ejerciendo contra los sectores populares y sus organizaciones.

Aplicación automática de la detención domiciliaria para los genocidas; proclamas político-eclesiásticas-mediáticasy hasta de académicos en favor de “reconciliación” –como si la imposición de un Estado terrorista que secuestró, torturó, desapareció y asesinó a miles, se apropió de cientos de niños e implantó “la miseria planificada”hubiera sido una pelea entre vecinos que después de un tiempo se arregla con una charla bendecida con agua episcopal-; destrucción de políticas públicas en pos de la construcción de la Memoria, la Verdad y la Justicia, son parte constitutiva de la política de la sociedad de empresarios que gobiernan hoy nuestro país.

Desde la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, los acusados y sus defensores buscaron por todos los medios obstruir y dilatar los procesos judicialespara que el tiempo jugara a favor de su impunidad. Como el argumento de las “edades avanzadas”, esa “larga duración” es lo que la Corte hace jugar a favor de Muiña: acaba de reflotar la ley 24390/94, derogada en 2001, en beneficio de un genocida probado y condenado. Una muestra más de cómo desde instancias judiciales se señala un camino: impunidad para los que desde el Estado violan los derechos de los ciudadanos, y represión, cárcel, persecución y endurecimiento de penas para los que –como Milagro Sala- se organizan y reclaman su derecho a tener derechos.

Juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices civiles

No olvidamos 
No perdonamos 
No nos reconciliamos